Se consumó el pacto entre el primero de los hijos de “El Chapo” Guzmán y la justicia de Estados Unidos, mediante el cual “El Ratón” se declara culpable de las acusaciones en su contra a cambio de evitar un juicio que, como a su padre, pudo llevarlo a la cadena perpetua.
El acuerdo de Ovidio Guzmán refuerza la percepción de que, en materia de seguridad, no existe una confianza suficiente entre México y Estados Unidos, donde los vecinos actúan por su cuenta.
La presidenta Sheinbaum criticó al gobierno estadounidense, señalando el doble rasero de su discurso: mientras declara a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, se sienta con sus integrantes a firmar acuerdos, y peor aún, lo hace a espaldas de las autoridades mexicanas. La desconfianza es mutua y se acentúa al norte de la frontera, aun cuando han sido verificables los esfuerzos de esta administración por sacudirse la inercia del lopezobradorismo.
Hasta junio de este año se han detenido a más de 23 mil personas por delitos de alto impacto, decomisado 172 toneladas de droga e incautado más de 12 mil armas de fuego, logros que superan ampliamente los del sexenio anterior.
El acuerdo con Ovidio merece atención por la posibilidad de involucrar a una enorme cantidad de personas: desde funcionarios, políticos, policías y militares, hasta civiles. El alcance de sus declaraciones y el potencial de generar fracturas en todo el aparato estatal será algo que veremos en los próximos meses. Mientras tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que revisarán la Ley de Extradición y los tratados internacionales relacionados, haciendo énfasis en que no existe reciprocidad por parte del gobierno norteamericano.
La reciente detención de Julio César Chávez Jr., presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa, es otro ejemplo de la falta de cooperación, pero también del desorden institucional que persiste en México. La presidenta no estaba enterada de que existía una orden de aprehensión por varios delitos graves, hasta que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos lo hizo público.
Están también en proceso los casos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Este último, es muy seguro que siga la estrategia de su hermano para obtener beneficios, ya que esa fue siempre su intención desde que se entregó en julio del año pasado.
Lo más relevante y llamativo del acuerdo es que la declaración de culpabilidad de Ovidio representa un aviso de cómo el gobierno estadounidense actuará sin el menor atisbo de temor ante las reacciones de las autoridades mexicanas. El discurso de buena vecindad y colaboración está agotado. Los hechos hablan: el gobierno mexicano se ha convertido en espectador de una cruzada en la que parece no tener voz ni voto.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ
